Regreso al pasado: mirada a 2012 desde 2015.

Hola de nuevo!

Como ya comenté en el anterior post, estoy haciendo un curso online sobre Vigilancia y Privacidad y pensé que usar este blog como herramienta para cumplir con mis deberes y, de paso, compartir con los que se acerquen por aquí las actividades , no sería mala idea. Esta entrada también forma parte de los ejercicios del curso; espero que os parezca interesante. ;-)

En este caso, los profesores nos plantean lo siguiente: "Comenta un caso de actualidad donde, a tu juicio, se vulnere uno o más de los Principios Internacionales Sobre la Aplicación de los DDHH a la Vigilancia de las Comunicaciones".

Obviamente, lo primero que se me había ocurrido era escribir sobre el espionaje de la NSA revelado por Snowden, pero, tras darle un par de vueltas al tema, he decidido intentar ser un poco "creativa" y buscar algún otro caso que pudiera usar. Tras una búsqueda en Google, me he decidido por una noticia del año 2012. Sé que utilizar una noticia de hace tres años es un poco "saltarse a la torera" la parte del ejercicio que pide que sea "un caso de actualidad", pero también creo que la noticia, aunque fechada en 2012, puede ser más actual de lo que parece. ;-)

Noticia elegida:  El Gobierno ha destinado un grupo especial de Policía a investigar a los promotores del ’15-M bis’. Vigilancia intensiva en Internet: Twitter, comentarios de los convocantes y plataformas

    Para situarnos: En 2011 la calle en España estaba calentita. La crisis iniciada en 2008 había llegado a la gente en forma de desahucios y recortes, y empezaban a saltar mediáticos casos de corrupción que acabaron cabreando al personal. Esto, unido con las reformas del Gobierno, hicieron que la gente se echara a las calles aquel 15 de mayo de 2011. 

Un año después, con cambio de Gobierno incluído, se gestaban en Internet nuevas movilizaciones para conmemorar las manifestaciones celebradas en 2011. El papel de la red de redes ha sido clave en los últimos años en relación a las movilizaciones sociales, especialmente el uso de las RRSS, que se empezaron a utilizar para difundir y dar visibilidad a lo que ocurría en las calles. Por esto, a punto de cumplirse un año de la movilización histórica del 15 de mayo de 2011, el Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se pusieron "en guardia".

Y ahora, vamos con el ejercicio:

En el artículo se dice (textualmente) que : "(...) los equipos especializados se están encargando de investigar las convocatorias; los usuarios que las apoyan y las difunden; y los comentarios que se realicen en torno a su organización: “Estamos estudiando cada movimiento para saber a qué nos podemos enfrentar(...)”. Con esta frase en la mano, se me ocurre que, con esta medida, se vulneran (al menos) los siguientes principios: PROPORCIONALIDAD, NOTIFICACIÓN DEL USUARIO, TRANSPARENCIA, NECESIDAD,LEGALIDAD, GARANTÍAS CONTRA EL ACCESO ILEGÍTIMO Y DERECHO A RECURSO EFECTIVO, AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, DEBIDO PROCESO.

 No sólo se investigaban las convocatorias, es que además se investigaba a los usuarios que las apoyaban y las difundían y los comentarios relacionados con las propias convocatorias. Tal y como leemos, es la Policía la que toma estas medidas y no se deduce leyendo el artículo que haya habido notificación a los usuarios investigados de estas actividades. Tampoco parece que hubiera una alta probabilidad de comisión de un delito grave (insisto en que corría el año 2012; no estábamos en la situación que tenemos ahora mismo), y no parece claro que se tomaran otras medidas antes de llevar a cabo estas actividades. Actuaciones como estas ponen en cuestión, al menos para mí, la fortaleza y esencia de los sistemas democráticos. Los riesgos de tomar este tipo de medidas así a la ligera van desde ataques frontales a la libertad de expresión, de manifestación o de reunión  hasta posibles discriminaciones de índole ideológico, más propias de sistemas dictatoriales que de democracias consolidadas. La total indefensión del usuario es tremenda: no sabe que pueden estar investigándole y no puede defenderse de ello. Si es él quien tiene que demostrar que no es un "enemigo público" reventamos la presunción de inocencia. No parece muy consistente y acorde con las sociedades de las libertades que pretendemos abanderar que una acusación (encima secreta)se funde en un RT o un "me gusta" en una red social. ¿Qué pasa con esos informes a posteriori? ¿Por qué manos pasan esas investigaciones? ¿Y si el usuario es menor de edad? ¿Abarcaban estas investigaciones el acceso a las comunicaciones por mensajes privados? ¿Cual es el papel de las Redes Sociales en estas actuaciones?

¿Realmente protegemos nuestra democracia con este tipo de medidas?

Otra noticia interesante del pasado podría ser esta de 2013.

Y hasta aquí llega mi post de hoy; espero que lo hayáis encontrado interesante. Nos vemos en la siguiente. ;-)